quinta-feira, 31 de janeiro de 2013

António Manuel Hespanha integra Conselho Geral da UC

30 janeiro 2013

António Manuel Hespanha integra Conselho Geral da UCO professor catedrático António Manuel Hespanha foi nomeado membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra (UC), integrando o grupo de dez personalidade externas, cooptadas, que constituem este órgão  O académico deverá ainda ser eleito presidente do Conselho Geral, segundo os estatutos da UC.


António Manuel Hespanha foi aluno na Universidade de Coimbra.
O Conselho Geral da Universidade de Coimbra que tem na composição 35 elementos, dos quais 18 professores e investigadores, cinco estudantes, dois funcionários e dez personalidades externas, cooptadas pelos membros internos eleitos.

Fonte: FDUNL

Cómo sacar un Poder Judicial de la chistera

La reforma del gobierno de los jueces, auspiciada por el Ejecutivo, garantiza una sustanciosa transferencia de poderes al Ministerio de Justicia y al Supremo. El resultado puede ser más ineficiencia
El poder, ni se crea, ni se destruye: se transfiere. La reforma anunciada del Consejo General del Poder Judicial es una buena muestra, aunque se justifique como el remedio milagroso para hacer del órgano cuestionado un modelo de sencillez, eficacia y economía. Ya lo decía Caro Baroja, ningún dirigente anuncia que sus medidas traerán miserias y males sin cuento a los gobernados, para beneficio y regocijo de los gobernantes.
Los cambios que se proponen ayudarán poco a lograr lo que quiso la Constitución cuando estableció el Consejo como un órgano de garantía, para quitar al Ministerio de Justicia los nombramientos, ascensos e inspecciones y ayudar a los jueces que sufren presiones en casos con repercusiones políticas o socialmente debatidos. No es raro, querer maximizar el propio poder es la sustancia de la política. Pero pueden producir un efecto secundario interesante: que al eliminar prácticamente al Consejo y a las asociaciones como factores de poder, la reforma alimente el de otro órgano, el Tribunal Supremo, mucho más duro de roer.
El resultado del Consejo como institución ha sido decepcionante: sirve de poco al juez que se ve en la vorágine de un caso político o morboso (quizá porque no tiene medios, pero tampoco ha logrado establecer su autoridad); y en vez de alejar la política del trabajo de los jueces, ha alimentado la impresión de que el conjunto de los jueces y tribunales está politizado: injustamente, porque los criterios políticos, a menudo sencillamente clientelares, afectan solo a ciertos cargos judiciales.
Se han probado ya varios modelos, que no han mejorado las cosas, aunque en todos haya habido vocales serios y con buena voluntad. También en el actual, que, pese al escándalo de los gastos de su presidente anterior, ha regulado las condiciones y la carga de trabajo de los jueces, ha sido más transparente sobre los motivos de sus nombramientos y ha expuesto a los candidatos a ciertos puestos a unas comparecencias que quizá no sean decisivas, pero sí reveladoras.
El proyecto toma como modelo al Consejo de Estado, que tampoco es paradigma de modernidad
Pero hay bastantes motivos para dudar de que el anteproyecto enviado al Congreso en diciembre sea la solución para los problemas generalmente reconocidos. Para empezar, el Consejo pierde muchos poderes (su autonomía económica, el poder reglamentario, la regulación de las cargas de trabajo) que van a parar sobre todo al Ministerio de Justicia, del que la Constitución quería alejarlos; pero también a las salas de gobierno y a los que los defensores del proyecto llaman, con metáfora de legión romana, los veteranos —especialmente, los magistrados del Tribunal Supremo, sobrerrepresentados en el nuevo modelo—, en un paso más de una perceptible deriva oligárquica.
Las decisiones importantes dejan de tomarse por mayoría cualificada. Eso no simplificará su funcionamiento, como se ha dicho: lo que asegura es que la mayoría decidirá sobre todos los nombramientos sin tener que negociar con la minoría, acabando con un cierto equilibrio, si no pluralista, sí al menos dualista.
Llamativamente, la reforma no incorpora ningún avance en la transparencia o la motivación de sus decisiones, que facilite el control de sus poderes. Tampoco mecanismos nuevos que lo hagan más efectivo para defender a los jueces concretos que necesiten su ayuda.
La estructura y el funcionamiento del órgano se complican mucho, quizá porque el proyecto toma como modelo el Consejo de Estado, un órgano con una función muy distinta (no de garantía, sino —oh casualidad— de asesoramiento del Gobierno), que tampoco es un paradigma de modernidad, ni de relevancia.
Habrá en él dos clases de vocales: unos pocos con dedicación (y sueldo) a tiempo completo, que integrarán la comisión permanente; y una mayoría que solo asistirá al pleno quizá una vez al mes, seguirá entretanto haciendo sus trabajos, cobrará unas dietas… y se enterará de lo que pueda en un órgano que llevarán en realidad su presidente y un nuevo cuerpo de letrados. Es un sistema dudosamente constitucional, porque la Constitución establece un órgano de 20 vocales que funcione colegiadamente. Es fácil imaginar los problemas de incompatibilidad que se producirán y seguirán deslegitimando al Consejo. Argumentar que el nuevo Consejo será más barato tampoco es muy convincente: lo barato sale caro si no cumple su función.
El cambio debilita a las asociaciones judiciales, al quitarles la presentación exclusiva de los candidatos a vocal y, previsiblemente, financiación e influencia. Pero el riesgo de politización no disminuye, en la medida en que los integrantes del Consejo seguirán siendo designados por los grupos parlamentarios, que procurarán —dice el texto— tener en cuenta a los no asociados. Que no cambie el sistema de elección producirá frustración a la mayoría de los jueces, que piensan que la Constitución quiso dársela a ellos y creían que iban a recuperarla. Es verdad que el Tribunal Constitucional resolvió que el sistema de elección parlamentaria es constitucional, pero siempre que no llevara a… lo que pasa cada vez: que los vocales se agrupan en bloques en función de los grupos que los han designado y deciden por cuotas previsibles, con generoso adobo de divergencias broncas y públicas.
Tal como ha sido diseñado por el Ejecutivo, es dudoso que el nuevo CGPJ sea constitucional
La tramitación parlamentaria puede mejorar el proyecto, claro; y el Parlamento acertar al elegir los vocales, escogiendo a personas capaces de cooperar, comprometidas con las obligaciones de su cargo y con la función del Consejo. Pero, por ahora, lo que garantiza este cambio no es una mejor cultura de la independencia judicial, sino una sustanciosa transferencia de poder desde el Consejo al Ministerio de Justicia: desde un sistema de equilibrios complejos entre los vocales del Consejo, las asociaciones, el ministerio y las comunidades autónomas, a uno de intenso predominio del ministerio.
Quizá esto explique que algunos analistas cercanos a la oposición no vean la propuesta con malos ojos: son optimistas, piensan que alguna vez volverán a formar ellos el Gobierno —y olvidan que, ideales constitucionales aparte, la falta de frenos legales y de autolimitación del poder refuerza a quien lo tiene y reduce las posibilidades de alternancia. La cultura política española aconseja ponerse en lo peor. El mejor test para una institución es imaginarla desde la minoría: piense quien apoye el nuevo sistema si le gustaría verlo actuando en beneficio de sus adversarios.
Todo esto, en fin, tiene poco que ver con lo que necesita el sistema jurisdiccional. Y una de las pocas consecuencias buenas de la crisis es que el malestar despabila: empuja a salir de la perezosa modorra de los tiempos de vacas gordas, porque los problemas no son maldiciones de las que no se puede escapar, ni su solución un secreto reservado al conjuro de los expertos. Quien sostiene que no hay alternativas —como Margaret Thatcher en su día o Angela Merkel en la actualidad—, trata de engañar y reducir al desistimiento a los perjudicados por sus decisiones.
Se pregunta uno si los estrategas de las grandes empresas internacionales confiarían la organización de un sistema de gestión y de garantía para problemas muy complejos a un órgano y un cuerpo de letrados inspirados en la Administración del siglo XVII, como hace el anteproyecto. La cultura política, como la orgánica, es muy tozuda: pudiera ser que en vez de simplificar el Consejo, la reforma lo haga solo más ineficiente; que en vez de llevar todo el poder al ministerio, refuerce a otro órgano realmente poderoso, con voluntad de afirmarse y con posibilidades efectivas para controlarle, el Tribunal Supremo —todos cuyos miembros, por cierto, han sido designados por ese Consejo tan perverso; que en vez de ahorrar, se limite a crear otro confortable sarcófago institucional.
Entretanto, los rankings internacionales de eficacia de los sistemas jurisdiccionales siguen situando al nuestro entre países del Tercer Mundo —lo que no atrae inversiones, pero hace las delicias del Economist de Londres cuando analiza cómo nos entretenemos en estos pintorescos países del Sur—. Y, de paso, echa una mano al suyo en la lucha de todos contra todos que llamamos globalización.
Diego Íñiguez es magistrado.

Ministra quer acção concertada na reinserção dos reclusos

Público - 31/01/2013 - 00:00

A ministra da Justiça anunciou ontem o lançamento do Plano Nacional para a Reabilitação e Reinserção dos reclusos que vigorará até 2015. A ideia é apostar em programas de ensino e formação, trabalho e projectos de cultura e desporto nas cadeias, concertando a intervenção dos diversos sectores do Estado e da sociedade civil nesta área, apostando, por exemplo, numa ligação forte às empresas.
Paula Teixeira da Cruz adiantou que o plano vai ser apresentado "muito em breve" a todos os parceiros e depois de "consensualizado" será votado, em forma de resolução, no Conselho de Ministros.
"Tem como principal objectivo a melhoria das condições de reinserção social dos reclusos, apostando de uma forma inequívoca na vertente da reabilitação como principal meio de alteração de comportamentos e condutas delituosas", justificou a governante. E falou da "perspectiva de partilha, de co-responsabilização e de responsabilidade social" dos diversos sectores do Estado e da sociedade.
O plano assentará numa estratégia estruturada em três princípios fundamentais: o princípio da reabilitação do comportamento criminal, o princípio da reinserção e responsabilidade social, e o princípio da sustentabilidade do sistema de execução de penas e medidas. Paula Teixeira da Cruz acredita que o plano permitirá uma actuação concertada entre instituições e promover o diálogo, optimizando os recursos a envolver. No fundo, tornará "mais dinâmica, célere e eficaz" a actuação das instituições. "O primeiro rosto desta aproximação serão os guardas prisionais que, hoje, com formação em direitos humanos, são quem começa por apostar no ensino de várias profissões", acrescentou a ministra. Ao mesmo tempo, pretende-se apostar "fortemente" na ligação às empresas.

Boa-Hora regressa à Justiça por 5,9 milhões de euros

Público - 31/01/2013 - 00:00

Paula Teixeira da Cruz anunciou ontem que o Ministério da Justiça já adquiriu à Câmara de Lisboa o antigo Tribunal da Boa-Hora, um edifício considerado "simbólico" por muitos profissionais forenses que, em 2009, se mobilizaram para evitar que fosse transformado num hotel de luxo. Contactada pelo PÚBLICO, a Secretaria de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça precisou que o edifício, um antigo convento na Baixa de Lisboa que albergou durante décadas o principal tribunal criminal da capital, custou 5,9 milhões de euros.
No discurso de abertura do ano judicial, a ministra explicou que o contrato que devolve à Justiça o antigo tribunal foi assinado ontem com o município lisboeta. Adiantou que pretende instalar no edifício o Centro de Estudos Judiciários, organismo encarregado da formação dos magistrados e o futuro Museu do Judiciário.
"Estou em condições de anunciar que, por despacho do senhor primeiro-ministro da tarde de ontem [terça-feira], e concluindo um processo longo que envolveu a Câmara de Lisboa e o Ministério das Finanças, o antigo Tribunal da Boa-Hora foi finalmente devolvido" à Justiça, disse a ministra.
Mais tarde, o secretário de Estado da Administração Patrimonial e Equipamentos da Justiça, Fernando Santo, adiantou que o ministério fechou as contas do ano passado com um saldo positivo superior a 36 milhões de euros, parte dos quais deverão ser utilizados para a remodelação da Boa-Hora. Em breve vão avançar as obras no edifício para não permitir o agravamento do nível de degradação do antigo convento. Depois será realizado o projecto de remodelação e o concurso público para adjudicar a intervenção. Fernando Santo acredita que ainda será possível começar a reabilitação do edifício este ano.

PROCURADORES PROTESTARAM COM A PRESENÇA

A sessão de ontem teve uma afluência anómala de magistrados e advogados. Muitos procuradores foram ao Supremo Tribunal de Justiça, por sugestão do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, para protestar contra a forma como o Governo tem reequilibrado as contas públicas, contra a dificuldade crescente no acesso à Justiça, contra a desorganização de muitos serviços, contra a sucessão de reformas legislativas... Mas esta não foi a única particularidade da sessão de abertura do ano judicial deste ano, que foi a primeira da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e a última do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Noronha Nascimento. E esta pode ser apenas a primeira de duas sessões solenes a comemorar o início do ano judicial em 2013. É que, se for aprovada uma nova lei, a da organização do sistema judiciário, a comemoração de abertura deverá passar para Setembro, após mês e meio das férias judiciais de Verão, o real início do ano judicial. Se assim for, Marinho e Pinto, que termina o mandato como bastonário dos Advogados no final do ano, ainda terá direito a mais um discurso. M.O.

Presidente do STJ critica reorganização dos tribunais feita pelo actual Governo

MARIANA OLIVEIRA 

Público - 31/01/2013 - 00:00
Noronha de Nascimento não concorda com o novo modelo de organização do tribunais, preferindo antes que fosse desenvolvido o do Governo de Sócrates
Foi com um discurso crítico e repleto de mensagens subtis que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Noronha Nascimento, falou na sua última sessão solene de abertura do ano judicial, realizada ontem em Lisboa. O modelo de reorganização dos tribunais proposto pelo Governo de Passos Coelho, parte do qual já está em discussão no Parlamento, mereceu fortes críticas do presidente do STJ, que lamentou que o actual executivo tenha trocado "o certo pelo incerto".
Lembrando que o anterior Governo já tinha avançado com um modelo para o novo mapa dos tribunais, com o lançamento de três comarcas-piloto, Noronha Nascimento lamenta que o actual executivo tenha "mudado o paradigma". E tenha optado por instalar na gestão das comarcas um "sistema híbrido" que se centra numa liderança tricéfala - juiz presidente, procurador coordenador e administrador da comarca.
"A lei de 2008 definia uma liderança bastante clara: o líder da comarca era o juiz designado pelo Conselho Superior da Magistratura, a quem reportava os problemas surgidos", defendeu Noronha Nascimento. E acrescentou: "Este sistema funcionou bastante bem nas três comarcas experimentais e o corolário lógico era o seu alargamento ao conjunto do território."
Lamentando que no modelo agora em discussão o administrador judiciário tenha competências próprias, o presidente do Supremo argumenta que tal constitui "uma distorção a um modelo transparente de liderança". E avisa: "Corremos o risco de a prática nos surpreender com uma gestão paralela de três pessoas, com competências, porventura, conflituantes em certas área e com o administrador - ligado ao ministério - a decidir quais os beneficiários dos parques, espaços e equipamentos que podem funcionar como pressupostos do exercício de uma função que tem que ser independente."
Antes de Noronha Nascimento já a nova procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, tinha falado sobre este tema, curiosamente para sublinhar que o novo modelo de gestão das comarcas deve "consagrar uma maior e mais clara participação do Ministério Público no modelo de gestão das futuras comarcas".
Joana Marques Vidal ainda reforçou a importância do "princípio da autonomia enquanto corolário da independência dos tribunais e do funcionamento do Estado de direito democrático", recusando a hipótese de o Ministério Público depender do executivo. "Como igualmente me mantenho afastada dos que, por qualquer forma, advogam a possibilidade de limitar a autonomia desta magistratura, atribuindo àquele princípio, falaciosa e erradamente, a causa do mau funcionamento da Justiça", vincou Joana Marques Vidal.
A magistrada admitiu "sinais de menor eficiência e demasiada morosidade" e defendeu que se deve investir na formação especializada de procuradores e juízes, além de incentivar o trabalho em equipa. "Há igualmente que repensar a ligação entre os departamentos de Investigação e Acção Penal [que investigam os casos mais graves de cada comarca] e o Departamento Central de Investigação e Acção Penal [que investiga os casos mais complexo do país], numa tentativa de planeamento de trabalho que, redefinindo competência próprias de cada um dos departamentos e conjugando sinergias, consiga potenciar as respectivas capacidades no exercício da luta contra a criminalidade", realçou.
Cavaco pede equidade
O Presidente da República, Cavaco Silva, insistiu, por seu lado, na necessidade de não descurar os princípios da justiça e da equidade nos sacrifícios que são pedidos aos portugueses num tempo que classificou "de trabalho árduo".
Até porque, justificou, "quanto maior é a dimensão dos sacrifícios exigidos, maior tem de ser a preocupação de justiça na sua repartição". O Presidente explicaria, de seguida, que só o respeito pelos princípios da justiça e da equidade pode garantir a necessária "coesão nacional", que classificou de "valor supremo".
"Ao contribuir para a garantia da coesão social e da coesão intergeracional, a Justiça é um factor determinante de estabilidade e de paz social", frisou o Presidente.
Assinalando que o actual Governo tem feito um "esforço assinalável" para responder às mudanças na área da Justiça que tinham de ocorrer devido à conjuntura económico-financeira, Cavaco sublinhou que o sistema judicial é o garante da autoridade do Estado e que este deve "assegurar o efectivo exercício de todos os direitos dos cidadãos".
Na sua intervenção, o Presidente falou ainda nas consequências económicas de uma Justiça lenta. "Na conjuntura actual, mais do que nunca, a Justiça deve primar pela eficiência e pela celeridade na resolução dos litígios com incidência económica. Dessa forma, o sistema judicial prestará um contributo imprescindível para a melhoria do clima de confiança e para o crescimento da nossa economia", afirmou.
Também a ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, falou dos efeitos da crise na Justiça, no entanto, noutra perspectiva. "Todo o sector da Justiça tem de ser ponderado à luz de novos critérios de exigência", referiu. A ministra sublinhou que as reformas da Justiça "devem estar acima de disputas descontextualizadas e não podem ser usadas como armas de arremesso político-partidário", nem estar subjugadas a "interesses sectoriais ou locais".
Como é habitual o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, António Marinho e Pinto, foi o mais inflamado, tendo o responsável acusado alguns juízes de tomarem decisões que constituem "um acto de terrorismo de Estado".
"Quando um juiz de direito emite um mandado de busca em branco quanto ao seu objecto, ou seja, uma ordem para apreender todos os documentos e objectos que se encontrem no escritório de um advogado e que possam constituir prova contra os seus clientes, incluindo os computadores pessoais e profissionais do advogado, isto é um acto de terrorismo de Estado", afirmou. E logo depois fez uma advertência aos advogados: "Retirem dos vossos escritórios quaisquer documentos ou objectos que possam incriminar os vossos clientes, pois correm o risco de um juiz ir lá apreendê-los para os entregar à acusação."
O Governo foi o primeiro alvo do bastonário, que acusou o executivo liderado por Passos Coelho de insensibilidade, de ter uma agenda ideológica oculta e de levar a uma política que passa pela "aniquilação dos direitos de quem vive só do seu trabalho" e pela "destruição do Estado social". "[É ] um ajuste de contas com os valores e conquistas mais emblemáticas da revolução do 25 de Abril", realçou.
Denunciou ainda a "fraude em que se consubstanciam certas pretensas formas de justiça". "A justiça faz-se nos tribunais com juízes e advogados independentes e com procuradores e não em centros de mediação ou julgados de paz", afirmou Marinho e Pinto.
O bastonário alongou-se ainda a denunciar o "negócio" das arbitragens em Portugal. "O Estado tem a obrigação de resolver soberanamente os litígios entre empresas e não remetê-las para essa gigantesca farsa que são chamados "tribunais arbitrais", que em muitos casos não passam de meros instrumentos para legitimar verdadeiros actos de corrupção", sublinhou. E acrescentou: "Finge-se uma divergência ou outro pretexto qualquer como um atraso no pagamento do inflacionado preço para que o caso vá parar ao dito tribunal." Qual será a decisão de um tribunal "em que os juízes foram substituídos por advogados escolhidos e pagos - principescamente, aliás - pelo corrupto e pelo corruptor?", perguntou. E, logo em seguida, respondeu: "É óbvio que proferirá a sentença pretendida por ambos e obrigará o Estado ao cumprimento integral da prestação que o corrupto e o corruptor haviam acordado entre si". Uma forma encapotada, disse, de "prejudicar o próprio Estado". com Rita Brandão Guerra